En un caso penal, ¿puede la policía que lleva el caso alterar la cinta de vídeo grabada en la escena del crimen?
Según el artículo 42 de la "Ley de Procedimiento Penal" de mi país: "Todos los hechos que prueban la verdadera situación del caso son prueba". La prueba procesal penal tiene tres atributos básicos: Primero, objetividad. Cualquier acto delictivo se comete en un momento, lugar y condición determinados. En el proceso de cometer un delito, una persona siempre entrará en contacto con cosas que le rodean e inevitablemente dejará algunos rastros y elementos que reflejen las actividades delictivas, o será escuchada o presenciada por la víctima o los testigos. Estas son existencias objetivas que son independientes de la voluntad humana. Siempre están ahí, ya sea que los funcionarios judiciales se den cuenta o no. Por el contrario, si no se trata de un hecho objetivo, sino de algo subjetivo o ilusorio, como por ejemplo conjeturas, ilusiones, sueños, supersticiones, etc. , no puede utilizarse como prueba.
El segundo es la relevancia. Los hechos objetivos utilizados como prueba deben tener alguna conexión con los hechos del caso, de modo que podamos comprender la verdadera situación de una determinada parte o aspecto del caso. Las cosas objetivas que no tienen nada que ver con los hechos del caso no pueden reflejar la naturaleza o las circunstancias del caso ni explicar ningún problema del caso, por lo que no pueden usarse como prueba.
El tercero es la legitimidad. Las pruebas penales sólo pueden ser reunidas por investigadores, fiscales y jueces de conformidad con los procedimientos legales, o proporcionadas por abogados defensores y fiscales privados de conformidad con la ley. La ley prohíbe a los funcionarios judiciales utilizar la tortura para extraer confesiones de sospechosos y acusados de delitos; utilizar la violencia para obligar a los testigos a declarar y utilizar amenazas, incentivos, engaños y otros métodos ilegales para reunir pruebas; Todos los llamados materiales de prueba obtenidos por medios ilegales no pueden utilizarse como prueba en un proceso penal, y menos aún como base para finalizar un caso. Sólo cuando los funcionarios judiciales recopilan, revisan y utilizan pruebas de conformidad con los procedimientos legales pueden producir efectos legales.